La Procuradora y el Terrorismo Judicial
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El juicio a que fue sometido el Compañero Saúl Méndez, arroja importantes lecciones para los luchadores sociales, dirigentes sindicales y los defensores de los derechos humanos y las libertades ciudadanas.
En este Panamá, cuando las esferas de poder económico y político, es decir la Mafiocracia reinante, les resulta incomodo o de su total desagrado cualquier dirigente o luchador popular, la cosa es simple.
Basta pagarle a un delincuente cualquiera, para que se apersone con dinero y un arma a la Procuraduría de la Nación y señale que fue contratado por determinado dirigente social para disparar en una marcha o actividad convocada nada menos que por la organización del dirigente imputado.
El delincuente será recibido con los brazos abiertos por la mismísima Procuradora de la Nación , Ana Matilde Gómez, y el Secretario General, Rigoberto González, quienes iniciarán los trámites correspondientes e instruirán de inmediato al Fiscal Auxiliar de la República , Luis Martínez, para que se envíe a un bloque de búsqueda policial para poner tras las rejas y posiblemente asesinar a este "peligroso" dirigente social, que está haciendo mucho ruido en los medios de comunicación por sus graves denuncias y contundente acusaciones en torno a los cobardes asesinatos de dos de sus compañeros de lucha.
Esto es lo que ocurrió con el compañero Saúl Méndez, quien se salvó de estar en prisión por un habeas corpus concedido por la Corte Suprema de Justicia en medio de la feroz persecución montada en su contra. No obstante, se le impuso país por cárcel restringiéndose su salida y obligándolo a reportarse cada 15 días ante la autoridad correspondiente.
Y lo peor de todo es que el Ministerio Público, sin prueba alguna que demostrara la ridícula versión de un delincuente de largo prontuario delictivo, Frederic Mayrie Barcasnegras, alias "Monkey", haya continuado con el show hasta llevar a juicio al Compañero Saúl Méndez y pretender condenarlo con siete (7) años de prisión.
Es decir, que no importaron para el Ministerio Público las graves contradicciones y falsedades en que incurrieron el delincuente de marras y su testigo estrella, Félix Antonio Caicedo, alias "Dj Mackoy", las cuales constan ampliamente en el expediente. Que no existieran en el arma ni en el dinero huellas del imputado ni que se haya comprobado que eran de su propiedad. Que nunca aparecieran ni se conocieran los otros supuestos implicados ni testigos señalados por Mayrie. Tampoco que las compañías de teléfono indicaran que no existía ninguna llamada del teléfono del imputado al celular de Mayrie, ni de éste a su testigo estrella, Dj Mackoy, como ambos afirmaron, ni que Movistar reportara que el número de teléfono indicado por Mayrie era de propiedad de la compañía de teléfono y no del compañero Méndez.
Como eso no importaba un comino, tampoco le importó a la Fiscalía comprobar que en los días y horas en que según Mayrie se reunió y recibió llamadas de Saúl Méndez, éste se encontraba en tareas, actividades y reuniones encomendadas por el SUNTRACS y FRENADESO, algunas de ellas cubiertas ampliamente por los medios de comunicación social.
En el juicio, en medio del bochorno y del ridículo, la Fiscal V de Circuito, Ruth Morcillo, alegó como prueba "objetiva" el hecho de que el perfil del delincuente Mayrie encajaba perfectamente con la persona que podría ser contratada para realizar el tipo de "trabajo" para el cual decía que Saúl Méndez le había pagado.
No se preguntó la Fiscalía si un sujeto con ese mismo perfil y largo prontuario criminal era capaz precisamente de mentir y, a cambio de dinero y otras prebendas, hacer las temerarias declaraciones y acusaciones que formuló.
Para el Ministerio Público vale más la palabra de un delincuente que la de las personas honestas y honradas. Ello es lo que explica que en Panamá los ladrones de cuello blanco, sicarios y delincuentes a su servicio, como Mayrie y DJ Mackoy, anden libres, al igual que los asesinos de Vanessa Márquez, de la empresaria Cristina María García Eleta, entre otros sonados casos.
O que se paseen alegremente el asesino de Luiyi Arguelles, los autores intelectuales y materiales e instigadores del crimen de Osvaldo Lorenzo, u otros implicados en el asesinato de Al Iromi Smith y de la salvaje represión desatada contra los obreros, como lo son el propio Director de la Policía Nacional , Rolando Mirones, el Ministro de Gobierno, Daniel Delgado Diamante, y los miembros del Consejo de Seguridad del Estado.
O que los monos gordos del caso de los envenenados con dietilenglycol no aparezcan, o se sancionen únicamente al propietario y conductor del bus que se incendió en la Martín Sosa , y no así a los funcionarios del banco que prácticamente obligaron que se compraran estos buses, ni a los propietarios de la empresa que los introdujo ni a los empresarios que importaron al país el gas refrigerante que provocó que el bus estallara en llamas.
Para mayor ignominia, la Fiscal Morcillo dejó entrever su intención de apelar el Fallo absolutorio dictado por la Juez que no encontró una sola prueba que inculpara al compañero Saúl Méndez.
De ser así, continuaría el Ministerio Público, en especial, Ana Matilde Gómez, su triste papel de ser mero instrumento del terrorismo judicial y de la persecución política que fomentan el Gobierno del PRD, el Consejo de Seguridad del Estado y la Mafiocracia imperante en Panamá.
Y nos preguntamos nosotros: ¿Qué proseguirá después del fracaso de sus artimañas y patrañas jurídicas? ¿Serán los planes de asesinatos selectivos de dirigentes como hemos venido denunciando y a los cuales las autoridades no han prestado ni la más mínima atención?
Lo cierto es que esto no nos hará flaquear ante nuestra firme determinación de continuar luchando en defensa de los intereses del pueblo e impedir que queden impunes los viles asesinatos de nuestros compañeros Osvaldo Lorenzo, Luiyi Argüelles y Al Iromi Smith.
Editorial de la Voz del SUNTRACS, abril 2008.
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